La impunidad: el cáncer silencioso que sigue destruyendo la República Dominicana.

Solangey’s Reyes Guzmán
Criminóloga | Analista Jurídica

Hay algo más peligroso que la comisión de un delito: la certeza de que, aun cometiéndolo, probablemente no habrá consecuencias.

Eso es la impunidad.

Y en la República Dominicana la impunidad no puede seguir siendo vista como una simple falla del sistema de justicia. Es mucho más profunda. Es una cultura que se alimenta de influencias, privilegios, silencios, complicidades y de la peligrosa idea de que la ley no tiene el mismo peso para todos.

La impunidad comienza cuando el ciudadano pierde la confianza en que denunciar vale la pena. Cuando una víctima siente que enfrentarse al poder puede ser más costoso que guardar silencio. Cuando un expediente duerme, una investigación se diluye, una responsabilidad se transfiere o una institución decide mirar hacia otro lado.

Y cuando eso ocurre de manera repetida, la sociedad aprende una lección perversa: que delinquir puede ser rentable y que cumplir la ley puede convertirse en una desventaja.

Ese es el verdadero peligro.

Porque la impunidad no solamente protege al delincuente. También destruye la autoridad de las instituciones, debilita el Estado de derecho y convierte la justicia en una promesa que no siempre llega.

No podemos hablar de una sociedad verdaderamente democrática mientras existan ciudadanos que tengan que preguntarse quién está detrás de una persona para saber si la justicia actuará.

La justicia no puede depender de apellidos, relaciones, dinero, posiciones políticas, poder económico o conexiones institucionales.

La ley debe ser ley para todos.

No podemos normalizar que determinados sectores tengan capacidad para retrasar procesos, influir en decisiones, evadir responsabilidades o convertir los mecanismos legales en instrumentos para perpetuar la impunidad.

Y tampoco podemos confundir institucionalidad con silencio.

La institucionalidad no consiste en proteger instituciones de las críticas. Consiste en hacer que funcionen correctamente, incluso cuando las investigaciones resulten incómodas, cuando los responsables sean personas poderosas y cuando las decisiones tengan consecuencias políticas, económicas o sociales.

Desde mi perspectiva como abogada y criminóloga, la impunidad debe analizarse también como un fenómeno criminológico.

Porque cuando una persona observa que otros cometen delitos y no reciben consecuencias, disminuye la percepción del riesgo de delinquir. Y cuando disminuye el riesgo, aumenta la posibilidad de que determinadas conductas se repitan.

Por eso combatir la impunidad no es únicamente castigar después de que ocurre un delito.

Es prevenir que la sociedad llegue a creer que el delito no tiene consecuencias.

Necesitamos investigaciones serias, independientes y oportunas. Necesitamos instituciones capaces de actuar sin mirar el apellido del investigado. Necesitamos funcionarios que comprendan que su responsabilidad no es proteger intereses particulares, sino servir al Estado y a la ciudadanía.

Pero también necesitamos ciudadanos que no acepten la impunidad como parte del paisaje.

Porque cada vez que decimos “eso siempre ha sido así”, contribuimos a perpetuarlo.

Cada vez que justificamos una irregularidad porque beneficia a alguien cercano, contribuimos a normalizarla.

Cada vez que guardamos silencio frente a un abuso porque creemos que denunciar no servirá de nada, la impunidad gana terreno.

La República Dominicana no necesita una justicia espectacular para las cámaras.

Necesita una justicia que funcione cuando nadie está mirando.

Una justicia que investigue.

Que persiga.

Que determine responsabilidades.

Que respete el debido proceso.

Que condene cuando corresponda.

Y que también absuelva cuando no existan pruebas suficientes.

Porque luchar contra la impunidad no significa defender condenas a cualquier precio. Significa defender la verdad, el debido proceso y la responsabilidad jurídica.

La justicia no debe ser venganza.

Pero tampoco puede convertirse en un refugio para quienes creen que el poder los coloca por encima de la ley.

Nuestro país no puede seguir acostumbrándose a la impunidad.

Porque una sociedad que se acostumbra a la impunidad termina perdiendo algo mucho más importante que la confianza en sus instituciones: termina perdiendo la confianza en la justicia misma.

Y cuando un pueblo deja de creer que la justicia funciona, el Estado de derecho comienza a resquebrajarse.

Por eso, combatir la impunidad no es una tarea exclusiva de fiscales, jueces, abogados o policías.

Es una responsabilidad democrática.

Porque donde la ley no alcanza al poderoso, la democracia se convierte en una palabra vacía.

Y yo sigo creyendo que República Dominicana merece mucho más que eso.

Merece justicia.
Merece instituciones.
Merece verdad.
Y, sobre todo, merece un país donde nadie tenga que ser suficientemente poderoso para estar por encima de la ley.