DR-CAFTA. El arroz dominicano y los veinte años perdidos
En 1846, Robert Peel hizo algo que pocos primeros ministros se atreven a hacer: derogó las Corn Laws, los aranceles que durante treinta años habían protegido el grano británico, y lo hizo contra su propio partido. El pan bajó de precio, la industria despegó y Peel perdió el poder. La lección no es que abrir fronteras sea siempre bueno; es que la protección sin plazo termina protegiendo el atraso, y que el atraso, tarde o temprano, presenta la factura.
La factura dominicana llegó el 9 de septiembre. En una reunión virtual con el canciller Víctor Bisonó, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos pidió formalmente derogar el Decreto 693-24, que desde diciembre de 2024 fija una cuota de 23,300 toneladas de arroz estadounidense con arancel cero y un arancel del 99 % para todo lo que entre fuera de ella. Washington sostiene que la medida incumple el DR-CAFTA, cuyo calendario llevaba el arancel del arroz a cero en 2025 tras veinte años de transición. El presidente Abinader confirmó el miércoles, en Santiago, que «estamos negociando con Estados Unidos» bajo el marco del tratado. No dijo qué pasará con el decreto.
Lo que se defiende es real
Conviene empezar por reconocer lo que está en juego, porque no es poco. Según el Ministerio de Agricultura, el arroz involucra a más de 30,000 productores en 22 provincias, sostiene unos 250,000 empleos directos e indirectos y aporta más de RD$45,000 millones a la economía. La Fuerza del Pueblo, con razón, ha subrayado que los parceleros de la Reforma Agraria, con unas cincuenta tareas en promedio, producen cerca del 45 % del total nacional. El arroz no es solo un renglón de la balanza comercial; es el plato de cada mesa y el sustento de medio Cibao. Defenderlo es legítimo. Ningún país serio deja su seguridad alimentaria al azar de un mercado extranjero.
Lo que no se hizo
Pero aquí es donde la honestidad obliga a mirar hacia adentro. El calendario del DR-CAFTA se firmó en 2004 y entró en vigor en 2007. Todos los gobiernos desde entonces sabían que el 1 de enero de 2025 el arancel llegaría a cero. Un estudio reciente del Banco Central lo dice con frialdad de economista: el rendimiento del arroz dominicano lleva una década estancado en torno a 4.5 quintales por tarea; la producción tocó su máximo en 2022, con 669,048 toneladas, y se contrajo un 13.9 % en promedio en 2023 y 2024; las importaciones, que oscilaban entre 22,000 y 37,000 toneladas anuales, alcanzaron 45,344 toneladas en solo cuatro meses de 2024. El economista Luna Valiente formuló la pregunta que nadie en el poder quiere responder: ¿qué dejamos de hacer en veinte años para que esto sucediera hoy?
La respuesta es incómoda porque no tiene color partidario. Cuatro administraciones de dos partidos distintos tuvieron dos décadas para mecanizar, para financiar semilla mejorada, para consolidar parcelas, para bajar el costo del riego y de la energía, para negociar con tiempo una extensión del plazo. Desde 2008 el país gestiona una revisión del calendario, según recuerda la propia Fuerza del Pueblo. Dieciocho años de gestiones sin resultado no son mala suerte: son ausencia de estrategia.
El costo de negociar tarde
El Decreto 693-24 fue una reacción, no una política. Se dictó el 17 de diciembre de 2024, quince días antes del vencimiento, invocando el principio de Nación Más Favorecida de la OMC para justificar un arancel del 99 % que el tratado no contempla. Puede que la tesis jurídica tenga mérito; puede que no. Pero cualquiera que haya negociado un contrato sabe que quien incumple primero negocia después desde la debilidad. Y la debilidad se agravó esta semana: el 16 de septiembre, Estados Unidos incluyó a la República Dominicana entre 23 países de tránsito o producción de drogas para el año fiscal 2027. No implica sanción, pero define el tono de la mesa.
Hay, sin embargo, una oportunidad. La USTR ha puesto sobre la mesa un Acuerdo de Comercio Recíproco. Ese es el espacio donde el arroz puede obtener lo que el decreto no puede darle: un periodo adicional de salvaguarda, acordado y no impuesto, a cambio de un plan de productividad con metas anuales verificables. Cinco años de protección negociada con obligación de resultados valen más que un decreto del 99 % que puede caer mañana en un panel arbitral.
La lección de Peel
La soberanía alimentaria no se decreta en diciembre; se construye en veinte años de política agrícola. Un país que produce 14.78 millones de quintales y consume poco más de 15 tiene con qué negociar, si negocia con plan. Lo que no puede hacer es seguir pidiendo tiempo sin decir para qué lo quiere.
Los aranceles compran tiempo; solo la productividad compra futuro. Y el tiempo que se compra sin usarlo, como aprendió Inglaterra en 1846, siempre se paga con intereses.
Radomiro Peña
Abogado – Analista Politico
