El derecho penal tiene sus reglas señor Matias”: Miguel Valerio refuta propuesta de Alofoke de extender legislatura para eliminar cárcel por difamación en el CP
Santo Domingo.— El abogado penalista Miguel Valerio reaccionó de manera crítica a la propuesta del influencer y empresario Santiago Matías, conocido como Alofoke, quien solicitó la extensión de la actual legislatura para introducir modificaciones al artículo 208 del Código Penal, relativo al delito de difamación.
“Dios mío, vamos a cerrar las escuelas de derecho; el derecho penal tiene sus reglas, señor Matías”, expresó Valerio, en respuesta directa al planteamiento del creador de contenido, marcando distancia con la iniciativa que busca reformular el régimen sancionador de este tipo penal.
La propuesta de Alofoke fue difundida a través de su cuenta en la red social X, donde planteó que la difamación debe ser castigada principalmente con multas económicas, reservando la pena de prisión únicamente para los casos en que el condenado no pueda cumplir con el pago, bajo condiciones específicas. Asimismo, sugirió eliminar las penas complementarias actualmente contempladas.
El planteamiento, según explicó el propio Matías, fue consensuado con varias figuras vinculadas a la comunicación, entre ellas periodistas y analistas, como parte de lo que definió como un ejercicio de participación ciudadana en el debate legislativo.
Detalles de la propuesta
La iniciativa propone modificar exclusivamente el régimen de sanciones del artículo 208 del Código Penal, manteniendo sin cambios la definición del delito de difamación, sus elementos constitutivos y demás disposiciones vigentes.
En ese sentido, se establece que la pena principal sería una multa de entre 15 y 30 salarios mínimos del sector público. Además, se descarta la conversión automática de esta multa en prisión por falta de pago.
El texto plantea que la sustitución de la multa por una pena privativa de libertad solo procedería en casos donde el condenado demuestre insolvencia real, debidamente comprobada, y tras la celebración de una audiencia en la que el tribunal evalúe su capacidad económica.
Asimismo, se contempla que cualquier decisión judicial en ese sentido deberá estar motivada, explicando las pruebas consideradas y las razones para aplicar o no la prisión. También se prevé la posibilidad de otorgar facilidades de pago, como cuotas, sin desnaturalizar la sanción.
En los casos en que proceda la sustitución, se establece un límite máximo de hasta dos años de prisión.
La propuesta surge en medio del proceso de reforma del Código Penal dominicano. Se reuerda que el pasado 22 de julio, el Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica varias disposiciones de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
Durante la sesión, el pleno senatorial acogió las 32 modificaciones previamente introducidas por la Cámara de Diputados, las cuales fueron leídas de manera íntegra antes de su aprobación.
