Instituciones, rumor y responsabilidad pública

Por John Vladimir Bencosme Guzmán

El Estado moderno no se sostiene únicamente sobre la voluntad política ni sobre el pulso coyuntural de la opinión pública. Se sostiene, ante todo, sobre instituciones cuya legitimidad descansa en la confianza social y cuya estabilidad constituye un interés público superior. Cuando esa estabilidad es puesta en entredicho sin método ni evidencia, no estamos ante un ejercicio saludable de crítica, sino ante una forma de irresponsabilidad cívica.

El debate reciente en torno a Banreservas debe ser examinado desde esa perspectiva.

No se trata de una entidad cualquiera ni de un actor marginal del sistema. Su dimensión, su naturaleza y su función lo convierten en una institución de relevancia sistémica. En términos jurídicos y funcionales, cualquier afectación significativa a su credibilidad trasciende la esfera interna de la entidad y se proyecta sobre el orden económico y social del país. Esa sola condición impone límites claros al tipo de discurso que puede construirse en torno a ella.

La crítica institucional es legítima. El cuestionamiento informado es necesario. La fiscalización es un deber democrático. Pero ninguna de esas categorías ampara la ligereza, la especulación ni la sustitución de la prueba por la sospecha. El derecho público moderno ha sido claro en esto: cuando una actuación o un discurso tiene la capacidad de generar un daño colectivo previsible, el estándar de responsabilidad se eleva.

El sistema financiero, por su propia naturaleza, opera sobre la base de la confianza. No es una afirmación retórica; es un hecho estructural. La pérdida de confianza no requiere la comprobación previa de una falla material para producir efectos reales. Basta con la percepción instalada. Por eso, los ordenamientos jurídicos serios protegen la estabilidad financiera como un bien de interés general y someten tanto a las instituciones como al debate público que las rodea a reglas de prudencia.

En los últimos días se han mezclado planos que deberían permanecer diferenciados. Existen, sin duda, situaciones que ameritan atención rigurosa: fraudes electrónicos, vulneraciones al usuario, fallas operativas. Esas realidades no se niegan ni se minimizan. Pero una cosa es exigir corrección y otra muy distinta es construir, a partir de episodios puntuales o de afirmaciones no verificadas, narrativas de colapso institucional o insolvencia estructural.

Ese salto lógico no es inocuo. Es jurídicamente irresponsable.

Hasta el momento, no se ha presentado información objetiva que permita sostener, con seriedad técnica, que Banreservas enfrente una situación de debilidad estructural. La institución está sujeta a controles, auditorías y supervisión permanente. En un Estado de derecho, las crisis sistémicas no se diagnostican por acumulación de rumores, sino por indicadores verificables y por actuaciones formales de los órganos competentes.

Pretender lo contrario no es audacia crítica; es desconocimiento del funcionamiento institucional.

Conviene recordar que las instituciones no pertenecen a coyunturas ni a administraciones circunstanciales. Pertenecen al Estado y, por extensión, a la sociedad. Su debilitamiento injustificado no afecta a una gerencia ni a una política pública específica; afecta al entramado de confianza sobre el que descansa la convivencia económica y social.

Hago esta reflexión desde una posición de independencia, ajena a cualquier alineamiento automático. Precisamente por eso, considero necesario subrayar que el país no puede darse el lujo de trivializar el daño reputacional de sus instituciones estratégicas. El debate público no es un espacio sin consecuencias jurídicas ni sociales. La palabra, cuando se proyecta sobre estructuras sensibles, también genera responsabilidad.

El derecho enseña que no todo lo posible es legítimo y que no todo lo legítimo es prudente. En materia institucional, esa enseñanza cobra una relevancia mayor. La crítica sin sustento no fortalece el Estado; lo erosiona. Y cuando la erosión alcanza a instituciones sistémicas, el daño deja de ser abstracto para convertirse en colectivo.

La estabilidad no es inmovilidad ni silencio. Es, más bien, el resultado de un equilibrio entre vigilancia, rigor y contención. Romper ese equilibrio por apresuramiento o por cálculo discursivo es una forma de negligencia pública.

Las sociedades que preservan sus instituciones no son las que las idealizan, sino las que las critican con responsabilidad.
Y la responsabilidad, en este caso, exige recordar que hay debates cuyo costo excede con mucho cualquier ganancia momentánea.

Cuando se cruza ese umbral, ya no se discute una institución.
Se pone en riesgo al país.