¿Hasta cuándo? Lo que la República Dominicana le ha dado a Haití, y que nadie reconoce

Vamos a hablar con números, porque los números no tienen pasaporte ni ideología.

En 2025, la República Dominicana exportó a Haití más de mil millones de dólares en mercancías por vía terrestre. Solo en marzo de 2026: US$129.2 millones. Haití es nuestro tercer mercado de destino, detrás de Estados Unidos y Canadá. Entre 2020 y 2024, el intercambio comercial acumulado alcanzó US$4,567 millones, con una balanza favorable para la República Dominicana de US$4,469 millones. Haití nos exportó, en 2024, apenas US$13.9 millones. La proporción: 148 a 1. La harina con la que Haití hace pan es dominicana. El cemento con el que reconstruye es dominicano. El arroz, los huevos, la varilla, los materiales eléctricos: dominicanos. Sin esa frontera comercial, Haití no come. Y eso no lo dice un político: lo dicen las cifras de la Dirección General de Aduanas.

El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7 grados destruyó Puerto Príncipe. Más de 300,000 muertos. ¿Quién llegó primero? No la ONU. No Estados Unidos. No Francia —que aún le cobra a Haití, moralmente, la audacia de haberse liberado—. Llegó la República Dominicana. Ocho hospitales móviles. 36 médicos. 29 camiones con alimentos. 100,000 raciones diarias. El hospital de Jimaní convertido en centro de triaje. CEDIMAT atendiendo heridos de la ONU en Santo Domingo. En 2021, cuando otro terremoto golpeó el sur de Haití, enviamos helicópteros, medicamentos y una aeronave militar que trasladó al Primer Ministro haitiano desde Les Cayes. En 2026, desembolsamos US$10 millones para el fondo de estabilización de la ONU en Haití. Y construimos y donamos una universidad entera —la Rey Henri Christophe, en Limonade— como contribución a la reconstrucción post-terremoto.

Y luego está lo invisible: los hospitales fronterizos de Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales atienden miles de partos de mujeres haitianas cada año, con cargo al presupuesto del Servicio Nacional de Salud dominicano. Las escuelas públicas de esas provincias educan a niños haitianos sin cobrar matrícula. El parque industrial CODEVI —financiado con capital dominicano— emplea a miles de trabajadores haitianos. Todo eso existe. Todo eso funciona. Todo eso lo paga el contribuyente dominicano.

¿Y qué recibe la República Dominicana a cambio?

Informes. Condenas. Acusaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido comunicados cuestionando la política migratoria dominicana. Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2026, denuncia “abusos generalizados” durante deportaciones. La Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York (NYU) publicó un informe de 42 páginas titulado “Perfilamiento racial y deportaciones masivas”. Amnistía Internacional condenó el plan de deportaciones. La propia Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos afroamericanos sobre posibles “confusiones” con las operaciones migratorias dominicanas.

Todo eso se publicó. Todo eso circuló. Todo eso se convirtió en titular internacional.

Pero ninguna de esas organizaciones publicó un informe sobre los mil millones de dólares en mercancía que cruzan la frontera cada año para alimentar a Haití. Ninguna mencionó los ocho hospitales móviles de 2010. Ninguna reconoció la universidad donada. Ninguna contabilizó los miles de partos haitianos atendidos gratis en hospitales dominicanos. Ninguna agradeció los US$10 millones al fondo de la ONU. El relato internacional sobre la República Dominicana es un relato de un solo ojo: ve la deportación, pero no ve el pan.

Y entonces la pregunta que ningún foro internacional se atreve a formular: ¿dónde está la responsabilidad de Haití por Haití?

Porque Haití ha recibido, desde el terremoto de 2010, más de US$13,000 millones en cooperación internacional. Trece mil millones de dólares. ¿Dónde están? No en las carreteras, que no existen. No en los hospitales, que colapsaron otra vez en 2021. No en las escuelas, que tienen tasas de abandono entre las más altas del hemisferio. No en la seguridad, porque las bandas armadas controlan barrios enteros de Puerto Príncipe y han desplazado a más de 1.4 millones de personas. Haití tiene hoy 5.4 millones de personas que no pueden alimentarse por sí mismas, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y esa hambruna no la causó la República Dominicana.

La clase dirigencial haitiana —política y económica— ha gobernado con una irresponsabilidad que raya en lo criminal. Ha permitido que su Estado se disuelva, que sus instituciones desaparezcan, que su población huya o muera de hambre. Y cada vez que la comunidad internacional busca un responsable, no mira hacia Puerto Príncipe: mira hacia Santo Domingo. Porque es más cómodo señalar al vecino que sostiene la carga que al dueño de la casa que la incendió.

La República Dominicana no tiene por qué disculparse por defender su frontera. Ningún país del mundo abre sus puertas sin control frente a una crisis humanitaria que no creó, que no administra y que no le corresponde resolver. Estados Unidos deporta. Francia deporta. España deporta. Inglaterra deporta. Y ninguno de ellos recibe informes de 42 páginas de una clínica universitaria acusándolos de “perfilamiento racial” por ejercer su soberanía migratoria.

Pero hay algo que este pueblo sí puede decir, con la frente en alto y con las cifras en la mano: hemos dado más que cualquier otro país del Caribe, de América Latina o del mundo, en proporción a nuestro tamaño, para sostener a Haití. Lo hemos hecho en comercio, en ayuda humanitaria, en atención sanitaria, en educación, en cooperación militar, en estabilidad regional. No por caridad. Por geografía, por humanidad y por interés legítimo. Pero lo hemos hecho. Y el que diga que no, que revise los números.

La solidaridad tiene un límite. Y el límite se alcanza cuando quien recibe no reconoce, cuando quien observa solo condena, y cuando la comunidad internacional le exige al vecino pobre que cargue con la desgracia del vecino derrumbado mientras los países ricos envían informes desde sus escritorios con aire acondicionado.

La estabilidad de Haití es interés nacional dominicano. Eso lo hemos dicho siempre y lo sostenemos. Pero la desgracia de Haití no es responsabilidad de la República Dominicana. Es responsabilidad, primero, de quienes gobernaron Haití. Segundo, de la comunidad internacional que prometió trece mil millones y dejó un país peor del que encontró. Y tercero, de un sistema multilateral que prefiere escribir informes sobre la República Dominicana que resolver la crisis de Haití.

Hasta cuándo. No es una pregunta retórica. Es una exigencia. Hasta cuándo será la República Dominicana el chivo expiatorio de un fracaso que no le pertenece. Hasta cuándo se nos pedirá que alimentemos, atendamos, eduquemos y carguemos con las consecuencias de una catástrofe política ajena, mientras se nos acusa de racistas por defender lo único que tenemos: nuestro país.

Este pueblo —el mismo que derrotó quince invasiones en doce años, que envió ocho hospitales cuando nadie más se apareció, que donó una universidad, que alimenta a su vecino con mil millones de dólares anuales en mercancía— merece algo mejor que una condena internacional cada vez que ejerce su derecho a existir como nación soberana.

La grandeza de un país se mide por lo que da. Pero también por su capacidad de decir basta cuando lo que da no se reconoce, no se agradece y no se devuelve ni siquiera en respeto.