La ventaja de competir desde el poder
Nómina pública, finanzas y la asimetría de la contienda electoral
«El poder tiende a corromper», advirtió Lord Acton, «y el poder absoluto corrompe absolutamente». La frase se cita hasta el desgaste, pero rara vez se repara en lo que describe: no un defecto de carácter, sino una gravitación del cargo. Quien administra recursos ajenos sobre multitudes termina, tarde o temprano, tentado a confundir el bien público con su propia permanencia. En democracia esa gravitación tiene un nombre técnico —la ventaja del titular— y, entre nosotros, una expresión numérica que conviene mirar de frente.
Despojemos el asunto de toda carga partidista, porque el fenómeno no pertenece a un gobierno ni a una bandera, sino al diseño del sistema. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, sobre registros de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, documenta que la nómina pública alcanzó 780,060 empleados en mayo de 2026, frente a 576,324 una década atrás: más de 203,000 servidores adicionales en diez años. Ese crecimiento se produjo bajo administraciones de signos distintos. Esa continuidad transversal es, precisamente, la prueba de que no hablamos de la travesura de un partido, sino de una lógica del poder que trasciende a quien lo ejerce.
Detengámonos en la proporción, porque ahí está el nervio del argumento. El padrón que la Junta Central Electoral habilitó para 2024 rondó los 8.1 millones de votantes. Contrastadas ambas magnitudes, el orden de magnitud es inequívoco: cerca de uno de cada diez electores percibe su sustento, de manera directa, del erario. No es una identidad aritmética exacta —hay servidores que no votan, electores en el exterior—, pero los órdenes de magnitud, en política, son destino. Y ese servidor no vota solo: detrás de cada nombre hay un cónyuge, hijos, quizás un padre cuyo seguro depende de esa cotización. Con un multiplicador familiar prudente, la décima parte del electorado se vuelve un contingente unido no por afinidad ideológica, sino por algo más resistente al debate: el instinto de conservar el pan. No son fanáticos; son personas razonables protegiendo la mesa de su casa. Y no hay discurso que compita en igualdad contra el miedo legítimo a perderla.
La ventaja, además, es logística. Quien gobierna inaugura obras con recursos de todos y cosecha aplausos como si fueran suyos, ocupa la pantalla sin pagar publicidad y convierte la gestión ordinaria en campaña permanente. La frontera entre gobernar y hacer proselitismo, que la ley pretende nítida, se difumina en la práctica hasta volverse un trazo de tiza bajo la lluvia. La cancha, para decirlo sin eufemismos, está inclinada antes de que suene el silbato.
Pero hay un costo que trasciende lo electoral y golpea el bolsillo de todos. Cuando la nómina crece por razones clientelistas y no por necesidad genuina del servicio público, no se abulta un gobierno: se agrede a las finanzas de la nación. Los números son elocuentes. Según el Presupuesto General del Estado, en 2026 las remuneraciones a empleados públicos representan la mayor partida del gasto: 23.2% del total, unos RD$376,964 millones—por encima del pago de intereses de la deuda y muy por encima de la inversión de capital, que apenas ronda el 13%. Dicho sin rodeos: el Estado destina más a pagar su propia planilla que a construir el país. Cada plaza creada para premiar lealtades es un compromiso permanente que se financia con impuestos, y es también un peso que deja de invertirse donde de verdad genera valor: en la economía productiva que emplea, innova y crece. El costo real no es solo lo presupuestado; es todo lo que la sociedad deja de hacer con esos recursos.
De ahí que la vigilancia sobre el tamaño del Estado no sea un capricho ideológico, sino una exigencia de higiene republicana. Un aparato que crece más rápido que la capacidad de sostenerlo hipoteca el futuro de todos, incluido el del propio servidor cuya pensión depende de esa sostenibilidad. Y esa vigilancia no le corresponde a un partido ni a un sector: le corresponde a la sociedad entera, que es la que paga la cuenta. Cuidar cómo se gestiona la nómina es cuidar el pan de mañana, no solo el de hoy.
Porque la pregunta de fondo no es cuántos empleos reparte el Estado, sino cuánta riqueza es capaz de crear el país. Y ahí las cifras invitan a imaginar otro camino. Esos mismos recursos que hoy engrosan la planilla podrían orientarse a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas —el tejido que representa más del 95% de las unidades productivas y que sostiene, de verdad, el empleo dominicano—. Un peso invertido en crédito accesible, en formalización menos onerosa, en capacitación técnica y en reducción de la maraña burocrática, no crea un puesto que el presupuesto deberá cargar a perpetuidad: siembra una empresa que genera empleos que se pagan solos, que tributan, que innovan y que se devuelven en crecimiento. La diferencia es de naturaleza, no de grado. Distribuir nómina reparte lo que hay; promover empresas multiplica lo que puede haber.
Ese es el desplazamiento de mirada que una sociedad madura debe exigir: pasar del Estado empleador de última instancia al Estado que habilita la iniciativa privada; del subsidio disfrazado de plaza al incentivo que germina en productividad. No se trata de un Estado ausente, sino de un Estado inteligente, que entiende que su mejor política de empleo no es contratar, sino crear las condiciones para que otros contraten.
Si el poder tiende a corromper, la respuesta de una república no es la resignación, sino el contrapeso vigilante de sus ciudadanos. La nómina de 780,000 servidores no es una conspiración; es una realidad presupuestaria con consecuencias políticas y fiscales ineludibles. Reconocerla sin histeria es el principio de la lucidez. Una sociedad que la entienda dejará de celebrar cada plaza como un triunfo y empezará a preguntarse lo único que importa: si ese dinero, en manos de quien produce, no habría rendido un país más próspero para todos. Al fin y al cabo, la grandeza de una nación no se mide por el tamaño de su nómina, sino por la riqueza que su gente es capaz de crear.
