La protesta no puede convertirse en la degradación de la institucionalidad

Por Yulibelys Wandelpool
Abogada, especialista en Derecho Administrativo, Compras Públicas y Derecho Laboral.

La protesta pacífica constituye una de las expresiones más auténticas de la democracia y encuentra protección en nuestra Constitución a través de las libertades de reunión, expresión y participación ciudadana. Gracias a ella, los ciudadanos pueden exigir transparencia, denunciar abusos, reclamar derechos y contribuir activamente a la construcción de la vida pública. Allí donde se silencia la protesta, comienza a debilitarse la democracia.

Pero también es cierto lo contrario: cuando la protesta abandona el terreno de las ideas para instalarse en la ofensa, el insulto y la descalificación personal, deja de fortalecer el sistema democrático y comienza a erosionar uno de sus pilares esenciales: la institucionalidad.

Los acontecimientos ocurridos recientemente durante una sesión de la Cámara de Diputados, donde un ciudadano abordó de manera ofensiva al presidente de ese órgano legislativo, así como las manifestaciones celebradas días después frente al Tribunal Constitucional, en las que se exhibieron pancartas con expresiones peyorativas dirigidas al presidente de la República, deben servirnos para reflexionar sobre la calidad del debate público que estamos construyendo como sociedad.

Este artículo no pretende determinar si las autoridades cuestionadas tienen razón o no, ni evaluar el desempeño de quienes hoy ocupan esas posiciones. Lo que nos ocupa es una reflexión sobre los principios que sostienen la convivencia democrática. En un Estado social y democrático de derecho, toda autoridad está sometida al escrutinio ciudadano y debe rendir cuentas por sus decisiones. La crítica no solo es legítima; es necesaria. Constituye un mecanismo esencial de control democrático y un presupuesto para la transparencia y la buena gobernanza.

La verdadera discusión es otra: ¿puede el ejercicio de un derecho fundamental justificar el irrespeto a la autoridad legítimamente constituida?

La respuesta es no. La libertad de expresión y el derecho a la protesta no se debilitan cuando se ejercen con respeto; por el contrario, encuentran en el respeto a la dignidad humana y a las instituciones el marco que les otorga legitimidad dentro del Estado constitucional de derecho.

La Constitución de la República Dominicana define, en su artículo 7, nuestro modelo de organización política como un Estado social y democrático de derecho, sustentado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la institucionalidad. El artículo 38 reconoce la dignidad humana como fundamento del ordenamiento jurídico y de la paz social. Por su parte, el artículo 49 consagra la libertad de expresión e información como uno de los pilares de la democracia. Ninguno de estos principios compite entre sí; por el contrario, se complementan y exigen una interpretación armónica del texto constitucional.

De igual forma, el artículo 75 de la Constitución establece entre los deberes fundamentales de toda persona respetar la Constitución, las leyes y las autoridades legítimamente constituidas. Ese deber no implica obediencia ciega ni excluye el derecho al disenso. Significa reconocer que quienes ejercen funciones públicas representan instituciones que pertenecen a toda la sociedad y cuyo respeto constituye una condición indispensable para la estabilidad democrática.

Por eso, lo ocurrido en el Congreso Nacional trasciende el conflicto entre un ciudadano y el presidente de la Cámara de Diputados. Quien presidía esa sesión no actuaba únicamente en nombre propio; ejercía la representación institucional de uno de los tres poderes del Estado. El respeto debido a esa investidura no depende de simpatías políticas, de afinidades personales o de la valoración que cada ciudadano tenga sobre su gestión.

Lo mismo ocurre con la figura del presidente de la República. Las decisiones del Poder Ejecutivo pueden ser objeto de las críticas más severas, siempre que estas se mantengan dentro del marco del respeto propio de una sociedad democrática. Cuando el debate abandona los argumentos para sustituirlos por expresiones denigrantes, deja de contribuir a la deliberación pública y se convierte en un ejercicio de degradación del adversario.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión constituye un pilar indispensable del Estado democrático, pero también ha sostenido que ningún derecho fundamental es absoluto y que su ejercicio debe armonizarse con la dignidad humana y con los demás derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ampliamente la libertad de pensamiento y de expresión, al tiempo que reconoce las responsabilidades ulteriores necesarias para asegurar el respeto a los derechos y la reputación de los demás, así como la preservación del orden democrático.

La democracia necesita ciudadanos críticos. Necesita oposición. Necesita protestas. Necesita vigilancia permanente sobre el ejercicio del poder. Lo que no necesita es convertir el insulto en una forma de participación política.

Las personas pasan. Las instituciones permanecen.

Hoy una persona preside la Cámara de Diputados; mañana será otra. Hoy una persona ejerce la Presidencia de la República; mañana la ejercerá alguien distinto. Lo permanente es el Congreso Nacional, la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional y todas las instituciones que sostienen el Estado dominicano.

Cuando se pierde el respeto por la investidura, el daño no recae únicamente sobre quien ocupa el cargo. Se debilita la autoridad institucional, se deteriora la confianza ciudadana y se empobrece la cultura democrática.

Podemos disentir con firmeza. Podemos protestar con determinación. Podemos exigir responsabilidades con absoluta libertad. Pero nunca deberíamos permitir que la protesta termine convirtiéndose en la degradación de la institucionalidad.

No confundamos firmeza con irrespeto, ni libertad con descalificación. La autoridad puede ser cuestionada; la investidura debe ser respetada. Quienes hoy ocupan los cargos públicos pasarán; las instituciones permanecerán. Y cuando una sociedad pierde el respeto por sus instituciones, comienza a debilitar los pilares sobre los que descansa su propia democracia.