JCE. El país que vuela en clase ejecutiva. La democracia a 832 dólares la hora
Pecunia non olet —el dinero no huele—, sentenció el emperador Vespasiano cuando le reprocharon cobrar impuestos hasta por las letrinas de Roma. Se equivocaba el césar, al menos en lo que toca al dinero público: ese sí huele. Huele al sudor de quien lo ganó y al madrugón de quien lo aportó. Y esta semana el país descubrió a qué altura vuela su sudor.
Los hechos son sencillos, y los publicó la prensa a partir de datos que entregó la propia institución. En julio de 2025, dos miembros titulares de la Junta Central Electoral viajaron a León, España, a un programa de ciberseguridad de cuarenta horas. La factura, solo en pasajes y viáticos, ascendió a 33,294 dólares: 832 dólares por cada hora de clase. Dicho en la moneda del país real: cada 60minutos de aula costaron al contribuyente lo que un trabajador formal gana en casi dos meses. Cada magistrado recibió US$800 diarios durante 15 una actividad que duró 11.
Nada de esto niega lo que merece aplauso. Que el órgano electoral se ocupe de la ciberseguridad no es un lujo: es un deber, tratándose del custodio de la identidad de todos los dominicanos. La pregunta jamás fue si la ciberseguridad importa. La pregunta es a qué precio. Y para responderla no hace falta adjetivar; basta comparar.
Para la misma ciudad de León, el Departamento de Estado de la primera potencia del planeta reconoce a los suyos 244 dólares diarios. Las instituciones de la Unión Europea asignan para España un máximo ordinario de 255 euros, alojamiento incluido. Y un magistrado del Tribunal Supremo español que cruce el Atlántico hacia el carísimo Nueva York cobra 285 dólares por día. Ni la potencia, ni la unión, ni el reino: ninguno de los tres reconoce a los suyos siquiera la mitad de lo que la Junta dominicana paga a los nuestros. US$800 dolares parejos, además, lo mismo para Ginebra que para Tegucigalpa, como si el costo de la vida fuera un detalle cartográfico. Cabe entonces la pregunta que nadie ha querido formular en voz alta: ¿estaremos financiando, sin saberlo, la democracia más costosa de América?
La respuesta institucional llegó por carta, extensa y pulcra: que la ciberseguridad es esencial, que los viáticos rigen desde 2005 por el Acta 18/2005, que todo puede explicarse y documentarse. Atendible. Pero la misiva no desmiente un solo número, y deja intacta una curiosidad: esa Acta 18/2005, madre de todos los 800, no aparece en los repositorios públicos consultados. Cuenta Suetonio que Calígula mandaba publicar sus leyes tributarias en letra diminuta y en lo alto de una columna, donde nadie pudiera leerlas, para luego castigar a quienes las incumplieran. Una norma que no se deja leer no ilumina: recauda. Publíquese el Acta, con su tabla completa, y sabremos al fin qué cabe en ochocientos dólares diarios.
Queda, además, el asiento. Los datos entregados por la propia Junta revelan boletos en clase ejecutiva, mientras los ministros del Gobierno vuelan en económica. Confieso que he buscado sin éxito la doctrina administrativa que explique por qué quien organiza las elecciones necesita más espacio para las piernas que quien dirige un ministerio.
Y aquí tocamos fondo, que no es contable sino moral. Este es el mismo Estado que le exige al ciudadano de a pie una puntualidad de relojero suizo: el microempresario que paga la seguridad social el día seis, cuando tocaba el cinco, ya incurre en una falta que puede costarle una dimisión justificada y la estabilidad de su empresa. Al pequeño, rigor; al encumbrado, comprensión. ¿Con qué moral se le piden sacrificios al que menos tiene, mientras funcionarios de gama media recorren el mundo como ciudadanos del reino más rico del planeta, con la chequera de uno de los países más desiguales de América? La ejemplaridad no es un adorno de la función pública: es su primera credencial. El Estado que no se aplica a sí mismo el rigor que administra no cobra impuestos; cobra tributos, en el sentido feudal de la palabra.
El remedio no exige genialidad; exige voluntad. Que se publique el Acta 18/2005 con su tabla íntegra. Que las dietas se alineen a escalas internacionales verificables, diferenciadas por el costo real de cada destino. Que la clase económica sea la regla, y la ejecutiva, la excepción motivada por escrito. Y que cada misión rinda, a los treinta días del regreso, un informe público con resultados concretos. Nada de esto debilita a la Junta; todo esto la blinda. Porque la institución que administra la confianza del voto no puede permitirse déficits en la confianza de la cuenta.
Vespasiano, después de todo, tenía media razón: el dinero no huele mientras entra. Es al salir cuando delata su destino. Los viáticos se liquidan al regresar del viaje; la confianza pública, no. Esa, una vez gastada, no tiene reembolso.
