El subsidio que no transforma; sobre el embarazo adolescente, la deserción escolar y la peligrosa ilusión de recibir sin merecer
Imagine usted, lector, una niña de catorce años saliendo del aula por última vez. Lleva en una mano un certificado de octavo grado y, en la otra, una ecografía. Esa escena —repetida cada mañana en cada provincia— no es una tragedia individual: es la fábrica más eficiente que tiene la pobreza dominicana para reproducirse a sí misma. Y, cosa peculiar, esa fábrica funciona con presupuesto del Estado.
Las cifras, aunque ya conocidas, siguen siendo elocuentes. La República Dominicana figura entre los cinco países con mayor proporción de embarazos adolescentes de América Latina. La tasa de fecundidad en niñas de quince a diecinueve años ronda los 77 nacimientos por cada mil —cuando el promedio mundial apenas supera los 46—. Una de cada cuatro mujeres dominicanas tuvo su primer hijo antes de los dieciocho años. Casi la mitad, antes de los veinte. Aunque entre 2015 y 2021 la fecundidad adolescente se redujo cerca de un veintiún por ciento, seguimos en el podio incómodo de la región.
La consecuencia más previsible es también la más demoledora: ser madre en la adolescencia duplica la probabilidad de abandonar la escuela. El UNFPA estimó que el costo de oportunidad educativo del embarazo adolescente alcanzó, ya en 2018, unos ciento treinta y ocho millones de dólares anuales —seis mil ochocientos cincuenta millones de pesos—. Esa cifra no la pagan las adolescentes que abandonan el aula. La paga, en silencio, la clase media trabajadora cuyos impuestos sostienen un sistema que reproduce la pobreza que dice combatir.
Es aquí donde conviene asomarse, sin ingenuidad ni exotismo, a una idea incómoda. En Occidente circula desde hace años el mito del «sistema de crédito social chino» como si se tratara de un episodio de Black Mirror llevado a la práctica: una puntuación universal que premia la sumisión y castiga la disidencia. La realidad —menos cinematográfica— es que el modelo chino se parece más a una calificación crediticia ampliada que a una tiranía algorítmica, y se aplica de forma desigual entre ciudadanos, empresas, funcionarios y tribunales. La leyenda, sin embargo, ha calado. Y como suele ocurrir con las leyendas útiles, vale la pena interrogarla.
Porque la pregunta de fondo no es si debemos copiar a Pekín —no debemos, ni podríamos sin demoler el Estado constitucional—, sino si podemos diseñar una arquitectura dominicana de condicionalidad inteligente. Una que, sin invadir la esfera íntima del individuo ni colisionar con los artículos 8, 39, 56 y 63 de nuestra Constitución, establezca incentivos verificables para conductas socialmente valiosas. Bismarck —que de Estado social entendía— lo formuló con su brutalidad habitual: la asistencia que no exige nada no protege; domestica.
Y aquí cabe una primera incomodidad jurídica que la opinión pública ignora: la condicionalidad, en el papel, ya existe. El Programa Supérate —reorganizado por el Decreto 356-25 del 3 de julio de 2025— administra transferencias monetarias condicionadas a través de los componentes Aprende, Avanza y Aliméntate. Avanza exige, por ejemplo, una asistencia escolar mínima del ochenta por ciento. Aliméntate está sujeto a corresponsabilidades de atención primaria en salud, con énfasis explícito en salud reproductiva e infantil. El problema, entonces, no es que falte condicionalidad: es que la verificación se aplica con desgana, cuando se aplica.
Convertir la corresponsabilidad nominal en corresponsabilidad real no requiere inventar un sistema chino: requiere fiscalizar el dominicano. Cruzar bases de datos del Ministerio de Educación, del Servicio Nacional de Salud, del SIUBEN y de ADESS para verificar, mes a mes, que las familias beneficiarias cumplen efectivamente con la asistencia escolar de los menores y con los controles pediátricos y ginecológicos básicos. Escalonar bonificaciones adicionales por permanencia escolar hasta el bachillerato. Otorgar acceso preferente a programas de capacitación técnica para los adolescentes que continúan estudios. Castigar el incumplimiento documentado, no el accidente biológico.
Esa última precisión es capital. Condicionar subsidios al hecho biológico del embarazo —y no a la conducta— sería frontalmente inconstitucional: vulneraría la dignidad humana (art. 38), el libre desarrollo de la personalidad y el principio de igualdad (art. 39), y abriría la puerta a una discriminación indirecta que el Tribunal Constitucional desmontaría en una tarde. La política pública no puede penalizar a la adolescente embarazada; sí puede —y debe— premiar a la familia que cumple con la asistencia escolar y los controles de salud reproductiva. La diferencia entre castigar al débil y exigir al beneficiario es la diferencia entre la crueldad y la responsabilidad.
Pero ningún rediseño técnico bastará si no se ataca la raíz cultural del problema. La idea más perniciosa que ha echado raíces en sectores amplios de nuestra sociedad —no solo entre los pobres, conviene aclarar; también en cierta clase política y empresarial que vive del subsidio cruzado— es la creencia de que es posible recibir algo a cambio de nada. De que el Estado es una hacienda inagotable cuyas vacas ordeña el vecino mientras uno espera su turno con la jícara. Esa convicción, sostenida durante una generación, no produce ciudadanos: produce súbditos resignados.
Tocqueville lo advirtió hace casi dos siglos en su breve y olvidado «Memoir on Pauperism»: la beneficencia legal, cuando se vuelve hábito, deprime al hombre antes de socorrerlo. Le retira primero la urgencia, después el oficio, y por último la dignidad. El asistencialismo sin contrapartida no eleva al pobre: lo congela en su pobreza con el rostro vuelto hacia el ministro de turno.
La República Dominicana se encuentra, una vez más, frente a una disyuntiva estructural: continuar financiando las consecuencias o intervenir en las causas. El embarazo adolescente y la deserción escolar no son fatalidades meteorológicas; son decisiones moldeadas por entornos que el Estado puede —y debe— condicionar con inteligencia normativa, rigor institucional y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Entre la permisividad estéril y el control autoritario existe un punto de equilibrio. Hallarlo no es un problema técnico: es una decisión política sobre el tipo de ciudadano que aspiramos a formar. Porque el subsidio que no exige nada no protege a los pobres: les enseña, con paciencia presupuestaria, a permanecer pobres. Y un país que enseña a esperar, tarde o temprano, deja de avanzar.
Radomiro Peña
Abogado – Analista Político
