El silencio que educaLa urgencia de domesticar la pantalla en las aulas

En los últimos años, la humanidad ha protagonizado una de las transformaciones más radicales de su historia cognitiva: la externalización de la atención. Allí donde antes reinaba la concentración —ese músculo invisible que permitió a Isaac Newton formular leyes universales o a Blaise Pascal advertir que “toda la desgracia de los hombres proviene de no saber permanecer en reposo en una habitación”— hoy impera la fragmentación constante de la mente, sometida al imperio de la notificación.

El aula, que debía ser santuario del pensamiento, ha sido colonizada por ese ruido.

Las imágenes que sirven de base a este análisis —difundidas por BBC News Mundo— documentan una experiencia concreta: la decisión de Países Bajos de prohibir el uso de teléfonos móviles y tabletas en los centros educativos a partir de 2024. Dos años después, los resultados comienzan a delinearse con una claridad que no admite ambigüedades.

Los docentes reportan una mejora sustancial en la concentración de los estudiantes. Los entornos de aprendizaje, otrora dispersos, han recuperado cohesión. La convivencia escolar ha mejorado, reduciendo tensiones derivadas del uso inadecuado de dispositivos —desde distracciones crónicas hasta episodios de acoso digital.

No se trata de una anécdota pedagógica. Es un dato estructural.

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Lo que la ciencia ya sabe
La evidencia científica acumulada en la última década ha pasado del indicio a la certeza. El Informe Global de Monitoreo de la Educación 2023 de la UNESCO estableció, con datos de 14 países, que la mera proximidad de un teléfono móvil —incluso apagado— reduce la capacidad cognitiva disponible del estudiante. Un estudio citado por la agencia determinó que, tras una sola distracción digital, un alumno necesita hasta veinte minutos para recuperar su nivel de concentración anterior. Veinte minutos: casi la mitad de una clase típica, evaporada por un sonido de tres segundos.

Pero el daño no es solo académico. Es neurológico, emocional y físico.

En el plano cerebral, investigaciones publicadas en revistas como Addictive Behaviors y revisiones sistemáticas de neuroimagen funcional han encontrado que el uso adictivo de smartphones se asocia con alteraciones en la corteza prefrontal dorsolateral —sede del control de impulsos y la toma de decisiones—, así como con una reducción de la materia gris en regiones vinculadas a la regulación emocional y la memoria. En adolescentes, cuyo cerebro se encuentra aún en desarrollo, estos hallazgos resultan particularmente alarmantes: el cortex prefrontal no completa su maduración hasta aproximadamente los veinticinco años, lo que convierte a los jóvenes en sujetos especialmente vulnerables a los mecanismos de recompensa instantánea que explotan las aplicaciones digitales.

En materia de salud mental, la evidencia es convergente y grave. La Alerta del Cirujano General de los Estados Unidos (2023) sobre redes sociales y salud mental juvenil documentó que los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales enfrentan el doble de riesgo de padecer síntomas de depresión y ansiedad. Estudios longitudinales en Australia y Europa vinculan el uso nocturno del móvil con alteraciones del sueño, declive de la autoestima y conductas externalizantes. Una revisión sistemática de setenta estudios halló que la comparación social y las interacciones negativas en redes exacerban cuadros depresivos, particularmente en adolescentes con bajo nivel de interacción presencial.

En el plano físico, datos del National Health Interview Survey de Estados Unidos (2021–2023) confirman lo que cualquier maestro observa: los adolescentes con más de cuatro horas diarias de tiempo de pantalla no académico presentan mayor probabilidad de actividad física insuficiente, rutinas de sueño irregulares, síntomas de ansiedad y depresión, y menor percepción de apoyo social.

Es, en síntesis, un cuadro de deterioro integral: cognitivo, emocional y corporal. La dopamina instantánea desplaza al esfuerzo sostenido. La recompensa inmediata arruina la capacidad de espera. Y un cerebro que no aprende a esperar es un cerebro que no aprende a pensar.

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Lo que el mundo ya hizo
La decisión neerlandesa no es un experimento aislado. Es parte de una ola regulatoria global que ha pasado de la excepción a la norma. Según la actualización del GEM Report de la UNESCO publicada en enero de 2025, al cierre de 2024, setenta y nueve sistemas educativos —el cuarenta por ciento del total mundial— habían adoptado prohibiciones legales o políticas formales sobre el uso de teléfonos en escuelas. Un salto de diecinueve sistemas en un solo año.

El mapa es instructivo. Francia fue pionera con su ley de 2018 y en 2024 reforzó su aplicación con un piloto de “pausa digital”. Italia prohibió el uso del móvil en el aula incluso con fines educativos desde preescolar hasta secundaria; los docentes recogen los dispositivos al inicio de la jornada. Hungría implementó una prohibición nacional en septiembre de 2024 que obliga a la entrega física del teléfono al personal escolar. Grecia prohíbe su uso durante toda la jornada desde septiembre de 2024. Suecia limitó su utilización en los grados 1 a 9 tanto en clase como en los recreos. Rusia aprobó su prohibición en ley a finales de 2023, vigente desde septiembre de 2024. En Canadá, Ontario y Columbia Británica implementaron prohibiciones campana a campana. En Brasil, una ley federal de 2025 restringe el uso en escuelas primarias y secundarias.

Pero tal vez el caso más contundente sea el de Corea del Sur —una de las naciones más digitalizadas del planeta, donde el noventa y nueve por ciento de la población está conectada—. En agosto de 2025, su parlamento aprobó por ley la prohibición del uso de móviles y dispositivos inteligentes durante el horario escolar, vigente desde marzo de 2026. La motivación: una encuesta gubernamental de 2024 reveló que el cuarenta y tres por ciento de los surcoreanos entre diez y diecinueve años eran clasificados como excesivamente dependientes de sus smartphones.

Australia, por su parte, acompañó las prohibiciones escolares estatales con una medida aún más ambiciosa: en noviembre de 2024, su gobierno federal presentó legislación para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de dieciséis años.

La tendencia es inequívoca. No estamos ante una moda regulatoria, sino ante una corrección civilizatoria. Países con sistemas políticos diversos, culturas educativas distintas y grados de digitalización variables coinciden en una misma conclusión: el aula necesita protección frente al dispositivo.

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El caso dominicano: urgencia sin precedente
En la República Dominicana, este debate apenas inicia, pero lo hace en un contexto particularmente delicado. Nuestro sistema educativo enfrenta retos históricos: déficits severos en comprensión lectora, debilidad crónica en matemáticas, brechas profundas en calidad docente. Introducir en ese escenario un elemento altamente distractor, sin regulación efectiva, no es modernización. Es negligencia.

La falsa dicotomía entre tecnología y educación ha conducido a políticas erradas. No se trata de expulsar la tecnología del aula, sino de delimitar su uso con criterio pedagógico. Un bisturí, no un martillo.

Permitir el uso irrestricto del móvil en contextos educativos equivale a introducir una variable de entropía en un sistema que requiere orden. La atención, como bien escaso, debe ser protegida con celo institucional.

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Las facultades del Estado: el derecho ya existe
Aquí emerge una cuestión jurídica de primer orden: ¿tiene el Estado dominicano la facultad constitucional de intervenir para proteger la salud cognitiva de los estudiantes? La respuesta es rotundamente afirmativa, y no requiere creación normativa de nuevo cuño: basta con la aplicación coherente del marco vigente.

El artículo 56 de la Constitución de la República establece que “la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente”, con la obligación de “asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral.” El artículo 63 consagra el derecho a una educación integral, de calidad y permanente, cuyo objeto es “la formación integral del ser humano” y el “desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos.” Juntas, ambas disposiciones construyen un mandato constitucional inequívoco: el Estado no solo puede, sino que debe intervenir cuando un factor extrínseco amenaza la calidad del proceso educativo y el desarrollo integral de los menores.

La Ley General de Educación 66-97, a su vez, faculta al Ministerio de Educación como órgano rector del sistema educativo, con competencia para dictar ordenanzas, resoluciones y políticas que regulen las condiciones de enseñanza en todos los centros, públicos y privados. Su artículo 18, que ya prohíbe el porte de armas en centros docentes, demuestra que el legislador no consideró excesivo regular qué objetos pueden ingresar a las escuelas cuando está en juego la integridad del entorno educativo. El principio es idéntico: si se prohíbe lo que amenaza la seguridad física, no puede ser irrazonable regular lo que amenaza la seguridad cognitiva.

El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) completa la trilogía. Su artículo 45 consagra el derecho de todo menor a una educación integral de la más alta calidad, orientada al desarrollo de sus potencialidades. Su artículo 48 ordena que la disciplina escolar sea administrada conforme con los derechos y garantías de los menores, y faculta expresamente al Ministerio de Educación para establecer y distribuir cada año el reglamento disciplinario aplicable en cada escuela. La regulación del uso de dispositivos móviles en horario escolar encaja con precisión quirúrgica en este mandato.

En síntesis, el Estado dominicano no necesita una ley especial para actuar. Tiene rango constitucional (Art. 56 y 63), ley orgánica habilitante (Ley 66-97), y ley de protección específica (Ley 136-03). Lo que falta no es marco jurídico. Lo que falta es voluntad política. Y, quizás, la claridad intelectual para distinguir entre modernidad y permisividad.

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Una hoja de ruta concreta
La evidencia comparada y el marco jurídico nacional ofrecen una hoja de ruta que no admite postergación:

Primero, una ordenanza ministerial que establezca la prohibición general del uso de dispositivos móviles durante el horario escolar, salvo para fines estrictamente pedagógicos autorizados por el docente. No se trata de recomendación. Se trata de norma.

Segundo, implementación de sistemas de resguardo físico de dispositivos —fundas selladas o casilleros, como los utilizados en Hungría y contemplados en Irlanda—, eliminando la tentación permanente del acceso.

Tercero, formación docente en pedagogía digital, para integrar la tecnología como herramienta subordinada al proceso educativo, no como su dueña.

Cuarto, campañas de sensibilización dirigidas a padres, quienes, en muchos casos, son co-responsables de la hiperconectividad temprana.

Quinto, y quizás más complejo: la apertura de un debate nacional sobre la restricción del acceso a redes sociales en menores de edad, siguiendo el precedente australiano y la iniciativa franco-española ante la Unión Europea. La escuela no puede ser oasis si el entorno digital sigue siendo un desierto de estímulos descontrolados.

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Existe, como siempre, una resistencia previsible. Se invocará la modernidad, la libertad individual, la necesidad de adaptación tecnológica. Argumentos que, examinados con rigor, se revelan insuficientes.

La libertad sin estructura degenera en dispersión. La modernidad sin criterio produce dependencia. Y la adaptación acrítica es, en esencia, renuncia.

La historia ofrece precedentes elocuentes. Cuando la imprenta irrumpió en Europa, no se permitió que cualquier texto circulara sin filtro en los espacios educativos. Se construyeron cánones, se establecieron currículos, se disciplinó el acceso al conocimiento. No por censura, sino por formación. Hoy enfrentamos un desafío análogo, pero de mayor intensidad: la imprenta democratizó la palabra; el smartphone democratizó la distracción.

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En definitiva, la pregunta no es si debemos regular el uso del móvil en las escuelas. La pregunta es cuánto tiempo más podemos permitirnos no hacerlo.

Cada hora de clase fragmentada es una oportunidad perdida de formar pensamiento. Cada estudiante incapaz de sostener su atención es una derrota silenciosa del sistema educativo. Cada aula dominada por la pantalla es una renuncia al propósito esencial de la enseñanza.

Recuperar el silencio en las aulas no es un acto conservador. Es, paradójicamente, una apuesta radical por el futuro.

Porque educar —como sabía Hannah Arendt— es asumir la responsabilidad de introducir a los jóvenes en un mundo que aún no comprenden, pero que deberán sostener.

Y ese acto exige, antes que nada, atención. Atención plena. Atención protegida. Atención recuperada.

Lic. Radomiro Peña Jiménez
Abogado • Analista político • Columnista
Santo Domingo, R.D.