La DIGITEG: una nueva institución en el contexto de la Ley 30-26 para la mitigación de la crisis internacional
La reciente promulgación de la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional envía un mensaje claro sobre la necesidad que tiene el gobierno de adoptar acciones que permitan fortalecer la economía nacional, preservar la sostenibilidad fiscal y administrar con prudencia los recursos públicos ante los desafíos que plantea el actual escenario internacional.
En ese mismo contexto, el Poder Ejecutivo ha sometido al Senado de la República un proyecto de ley para la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), iniciativa que abre un debate legítimo sobre la coherencia entre los objetivos de eficiencia y racionalización del gasto público y la creación de nuevas estructuras administrativas dentro del Estado.
Debe quedar claro que la transparencia, la integridad y la ética pública son valores esenciales para el fortalecimiento institucional y la consolidación democrática. Ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente sin mecanismos efectivos de control, prevención de la corrupción y rendición de cuentas. Por tanto, la discusión no se centra en la importancia de estos objetivos, sino en la forma más eficiente de alcanzarlos.
La creación de una nueva institución pública siempre supone compromisos financieros para el Estado. Más allá de su noble propósito, implica la creación de cargos directivos, personal técnico y administrativo, gastos operativos, infraestructura, equipamiento, sistemas tecnológicos y asignaciones presupuestarias permanentes. En otras palabras, representa una expansión de la estructura estatal que inevitablemente genera un impacto económico que debe ser cuidadosamente valorado.
La interrogante resulta aún más pertinente cuando se observa que el Estado dominicano ya cuenta con organismos cuyas funciones guardan una estrecha relación con las materias que pretende abordar la DIGITEG. La Cámara de Cuentas fiscaliza el uso de los recursos públicos; la Contraloría General de la República ejerce control interno sobre la administración; la Dirección General de Contrataciones Públicas supervisa la transparencia en las compras gubernamentales; la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa investiga hechos de corrupción; y la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental coordina políticas vinculadas a la transparencia, el acceso a la información pública y la promoción de la ética en la gestión gubernamental.
Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿qué competencias específicas justifican la creación de la DIGITEG y por qué dichas funciones no pueden ser desarrolladas mediante el fortalecimiento de las instituciones ya existentes? La respuesta a esta interrogante resulta fundamental para determinar si estamos ante una verdadera necesidad institucional o ante una nueva estructura que podría generar duplicidades y superposición de funciones.
La experiencia demuestra que los problemas de la administración pública rara vez se resuelven únicamente mediante la creación de nuevas entidades. Con frecuencia, las dificultades responden a problemas de coordinación, limitaciones operativas, insuficiencia de recursos o debilidades en la aplicación efectiva de las normas vigentes. Por ello, antes de ampliar el aparato estatal, parece razonable evaluar si el fortalecimiento de las capacidades institucionales existentes podría producir resultados más eficientes y sostenibles.
La discusión adquiere una dimensión aún más relevante cuando se analiza a la luz de la Ley 30-26. Si el gobierno reconoce la necesidad de adoptar medidas orientadas a mitigar los efectos de la crisis internacional, promover la sostenibilidad fiscal y optimizar el uso de los recursos públicos, resulta natural que la ciudadanía espere una explicación clara sobre el costo, alcance y justificación de toda nueva institución que implique un incremento del gasto estatal.
No se trata de oponerse a la transparencia ni de cuestionar la importancia de la ética pública. Se trata de reflexionar sobre la mejor manera de alcanzar esos objetivos en un contexto económico que demanda eficiencia, prudencia y responsabilidad en el manejo de los recursos colectivos.
La fortaleza institucional de un país no se mide por la cantidad de organismos que integran su estructura administrativa, sino por la capacidad de estos para cumplir eficazmente sus funciones. Más que preguntarnos cuántas instituciones necesita la República Dominicana, quizás debamos preguntarnos si estamos aprovechando plenamente las que ya tenemos y si las decisiones que adoptamos hoy responden a una visión coherente de Estado.
La transparencia y la integridad son indispensables. Pero también lo son la eficiencia, la sostenibilidad fiscal y el uso responsable de los recursos públicos. El verdadero desafío consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre todos esos objetivos.
