La mitad invisible. Por qué la República Dominicana crece al 5% pero recauda como si creciera al 2%
La República Dominicana es la economía que más crece en América Latina. También es una de las que menos recauda en proporción a ese crecimiento. Esa paradoja tiene nombre: informalidad. Y tiene números que deberían quitar el sueño a cualquier planificador serio.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), al cierre de 2024 el 49.6% de los ocupados en el país estaba en la informalidad —una reducción de apenas 1.2 puntos porcentuales respecto al 50.8% de 2023—. Casi la mitad de la fuerza laboral dominicana trabaja sin contrato, sin seguridad social, sin facturación formal y, por tanto, sin tributar. La presión tributaria dominicana fue de 14.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El promedio de América Latina y el Caribe: 21.3%. La brecha: 7 puntos porcentuales del PIB. En términos absolutos, esos 7 puntos equivalen a más de US$8,000 millones anuales que la economía produce pero que el Estado no captura. Es como tener un motor de ocho cilindros funcionando con cuatro.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) ha sido preciso en el diagnóstico: los que sí pagan impuestos —aproximadamente el 50% del sector productivo— cargan con una presión tributaria efectiva cercana al 28–30%. La otra mitad no tributa como los formales. El resultado es una ilusión óptica: la presión parece baja, pero para los que cumplen es aplastante. La informalidad no solo empobrece al fisco: castiga al que hace las cosas bien.
La formalización no ocurrirá por decreto ni por amenaza fiscal. Ocurrirá —si ocurre— cuando el Estado entienda que se necesitan cuatro ejes simultáneos, no uno a la vez.
Primer eje: educación financiera y tributaria. El 57.7% de los trabajadores informales tiene apenas nivel secundario; el 25.5%, solo primaria. No se puede esperar cultura tributaria de quien no entiende qué es un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), para qué sirve una factura con comprobante fiscal, o cómo funciona el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). La educación financiera no es un lujo académico: es infraestructura básica de formalización. Un país que dedica el 4% del PIB a educación y no incluye en el currículo escolar una sola hora de alfabetización tributaria está formando consumidores, no contribuyentes. Y un país de consumidores sin contribuyentes es exactamente lo que somos: una economía que crece al 5% y recauda como si creciera al 2%.
Segundo eje: concientización sobre las ventajas de la formalidad. El empresario informal no se formaliza porque percibe la formalidad como un costo, no como una inversión. Y en parte tiene razón: si formalizarse significa pagar impuestos, cumplir con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), emitir comprobantes y no recibir nada a cambio —ni crédito, ni asistencia técnica, ni acceso a compras gubernamentales, ni protección legal—, entonces la formalidad es un impuesto sin contraprestación. La ecuación debe cambiar. La formalización debe ser la puerta de acceso a crédito bancario con tasas preferenciales, a programas de compras y contrataciones públicas, a garantías recíprocas del sistema financiero, a seguros de salud y pensiones. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan el 98% del tejido productivo y generan más del 40% del empleo formal. Si se les ofrece un camino claro —con beneficios tangibles e inmediatos—, la mayoría se formalizará. No por civismo: por conveniencia. Y en economía, la conveniencia es un motor más confiable que la moral.
Tercer eje: tecnificación y preparación de la mano de obra. El sector comercio concentra el 27.1% de la informalidad; la construcción, el 15.6%; la agricultura, el 13.6%. Son sectores de baja cualificación técnica donde la productividad es marginal y el valor agregado, mínimo. No se puede formalizar lo que no produce lo suficiente para pagar la formalidad. La tecnificación —formación dual, institutos técnicos vinculados a la demanda productiva real, certificaciones de competencias, programas de extensión del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) con cobertura efectiva en zonas rurales y periurbanas— es la condición previa de la formalización. Un colmadero que factura RD$30,000 mensuales no puede formalizarse. Un pequeño productor agrícola que tecnifica su siembra, diversifica su oferta y accede a mercados formales de distribución, sí.
Cuarto eje: acompañamiento estatal y el papel de las asociaciones. La formalización no puede ser un trámite que el pequeño empresario enfrenta solo. El Estado debe proveer ventanillas únicas, asesoría gratuita, simplificación registral y un régimen tributario simplificado que no castigue al que se formaliza con la misma carga que al que factura millones. Pero el Estado, por sí solo, no llega a los barrios, a los mercados populares, a los talleres mecánicos ni a las fincas de Azua. Ahí es donde las asociaciones empresariales se convierten en pieza insustituible: Codopyme, Aneih, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), las cámaras de comercio provinciales, los gremios sectoriales. La asociación es el puente entre el pequeño empresario y el Estado. Es la traductora de la norma, la facilitadora del trámite, la negociadora de condiciones. Sin ella, el empresario informal queda a merced de un sistema que no entiende y que, por tanto, evita.
Los números cierran si se leen al revés. Si la mitad informal de la economía tributara a una tasa efectiva equivalente a la mitad de lo que pagan los formales, la presión tributaria subiría entre 3 y 4 puntos del PIB. Eso equivale a entre US$3,500 y US$4,600 millones anuales adicionales. Con esos recursos se podría financiar un sistema de transporte público digno, duplicar la inversión en educación técnica, crear un fondo de garantía recíproca para el crédito MIPYME y reducir la dependencia energética. Todo sin reforma fiscal. Todo sin nuevos impuestos. Simplemente ampliando la base de quienes contribuyen.
La República Dominicana no tiene un problema de crecimiento: tiene un problema de captura. Produce riqueza que no tributa. Genera empleo que no cotiza. Mueve una economía que el fisco no ve. Y mientras la mitad invisible siga invisible, el Estado seguirá siendo demasiado pequeño para las necesidades de una nación de once millones de personas que crece como tigre asiático pero recauda como isla del Pacífico.
La formalización no es un castigo: es una inclusión. No es un costo: es una puerta. No es una obligación aislada: es un pacto social en el que el Estado ofrece servicios, el empresario tributa, la asociación media y el sistema financiero acompaña. Si alguno de esos actores falla, el pacto se rompe. Y hoy, en la República Dominicana, todos están fallando un poco.
La mitad invisible de la economía dominicana no es una anomalía: es el resultado previsible de un Estado que no educa, no acompaña, no simplifica y no ofrece razones suficientes para salir de la sombra. Hacerla visible no requiere represión fiscal: requiere voluntad
